La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sancionó y promulgó un decreto nacional para erradicar de toda la Argentina avisos clasificados que promuevan la explotación sexual. Según establece la norma en su artículo primero, quedan prohibidos en todo el país “los avisos que promuevan la oferta sexual y hagan implícita o explícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio con la finalidad de prevenir el delito de la Trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación hacia las mujeres”.
Este decreto se sancionó en vistas a dos leyes que rigen en la Argentina: la ley N° 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas; y la ley N° 26.485, de de Protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres.
Desde el Centro de Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social entendemos que la sanción de este decreto constituye un importante paso que contribuye a cambiar una matriz cultural machista y patriarcal que discrimina a las mujeres, y las obliga a vivir en un ámbito social violento y discriminatorio.
Este decreto no sólo es importante en un sentido pragmático: es decir, en su fin primero de evitar la oferta sexual, y con ello la explotación sexual de mujeres en redes de Trata de Personas. Por sobre ello, creemos que esta normativa juega un papel preponderante en un simbolismo social que crea una matriz cultural en la que se han naturalizado acciones como la oferta sexual de mujeres hacia varones. Aspectos de una cultura que naturaliza discursos objetificantes hacia la mujer, y de este modo apaña su explotación sexual.
Katerine MacKinnon, en Hacia una Teoría Feminista del Estado, escribió: “El Estado, a través de la ley, institucionaliza el poder masculino sobre las mujeres institucionalizando en la ley el punto de vista masculino. Su primer acto de Estado es ver a las mujeres desde la perspectiva del dominio masculino; el siguiente es tratarlas de esta forma. Este poder, este Estado, no es un lugar concreto, sino una red de sanciones repartidas por toda la sociedad que «controla los medios principales de coacción» que estructuran la vida diaria de la mujer”.
Desde el Centro de Comunicación y Género consideramos que este decreto escapa del punto de vista masculino. Esta normativa que rige desde hoy en todo nuestro país es un pequeño paso para transformar una matriz cultural machista y desnaturalizar esos discursos que objetifican a la mujer y la someten a un dominio, que tal como lo definió
Pierre Bourdieu en La Dominación Masculina, “La violencia simbólica impone una coerción que se instituye por medio del reconocimiento extorsionado que el dominado no puede dejar de prestar al dominante al no disponer, para pensarlo y pensarse, más que de instrumentos de conocimiento que tiene en común con él y que no son otra cosa que la forma incorporada de la relación de dominio”.
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