La celebración del 10 de diciembre del día de los Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En este año la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos. En ese Día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Los Derechos Humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena igualdad entre todos los seres humanos. Condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas: culturales, económicas, étnicas, sexuales, etc. El concepto de Derechos Humanos hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política.
Las mujeres, muchas veces se han preguntado sobre sus derechos, no en forma concreta, sino como una manera de hacer un balance de sus posibilidades. La falta de respuesta, o las falsas verdades que la sociedad les ofrecía como tales, configuró una red de mitos y prejuicios que envolvió a nuestro género como la forma más sutil de sometimiento, relegando el conocimiento de los derechos a un grupo poderoso e intangible y desvalorizando a una gran parte de ellas.
En un principio, la declaración iba a ser titulada "los derechos del hombre" pero gracias Eleanor Roosevelt, Presidenta de la Comisión y feminista, se planteó que el término excluía a las mujeres y consiguió que en su lugar figurara "Derechos Humanos".
En Argentina, la Constitución Nacional establece que los Tratados de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional (capítulo cuarto, artículo 75, inciso 22). Entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Si bien el país ha registrado algunos avances, éstos son aún insuficientes para lograr el objetivo de igualdad y el goce de los derechos humanos por parte de las mujeres, fundamentalmente de aquellas que viven en situación de vulnerabilidad.
Todavía preocupa a las organizaciones de mujeres que en las políticas de Estado no se incorpore la perspectiva de género, algo fundamental para que las medidas se traduzcan en igualdad de derechos para todos y todas.
Otro déficit es la preocupante la falta de información oficial estadística desagregada que permita analizar el impacto de las políticas económicas y sociales en las mujeres a fin de corroborar que éstas reviertan la tendencia de que las mujeres y las personas menores de edad son más pobres que los adultos varones, profundizando inequidades estructurales.
En este plano sigue siendo crucial el aporte de organizaciones de la sociedad civil, casi exclusivamente de mujeres, que efectúan estudios de modo sistemático, desagregan por sexos las mediciones que carecen de este indicador o incorporan categorías nuevas como el "femicidio", utilizado para contabilizar muertes de mujeres como consecuencia de la violencia machista. Si bien la ley integral de violencia contra la mujer ya fue reglamentada se sigue evidenciando la escasa disponibilidad de casas refugios para mujeres en situación de violencia en todo el país. A pesar de las recomendaciones del Comité, en la Argentina la violencia contra las mujeres aún se aborda de manera desarticulada y fragmentada. Tampoco se atienden adecuadamente situaciones particulares como la violencia de género y el HIV/sida en las mujeres.
El mercado de trabajo, por otra parte, no ha sufrido mayores transformaciones, en tanto siguen siendo las mujeres las que adolecen de mayor precariedad en el empleo.
La salud sexual y reproductiva es aun el principal problema de acceso a la salud de las mujeres en la Argentina , un claro ejemplo de la poca efectividad que han tenido las políticas vigentes para brindar soluciones a fenómenos como el embarazo en la adolescencia, la mortalidad materna, la criminalización de los abortos permitidos por la ley o la falta de atención a las niñas y mujeres respecto del HIV/sida.
En términos de avances es de destacar, en primer lugar, la ratificación en el 2006 del Protocolo Facultativo del Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw), que posibilita que las mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos realicen denuncias internacionales y que el comité investigue de oficio en los casos de violaciones graves y sistemáticas de esos derechos.
También la sanción de nuevas normas como la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la ley contra la Trata de Personas y la incorporación de la anticoncepción hormonal de emergencia y la anticoncepción quirúrgica a la oferta de métodos que provee el Estado.
En este mismo sentido la creación de políticas sociales como la asignación universal por hijo, en pos de incluir sectores no contemplados en el sistema de seguridad social formal resulta ser una medida que supera ampliamente a otros programas de transferencia de ingresos.
Los avances son muchos pero los temas pendientes también, por esto desde este espacio académico reafirmamos todos los días nuestro compromiso en la lucha por el real cumplimiento de los derechos económicos, políticos y culturales de todxs y en contra de la discriminación.
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